Conclusiones

• Author: Abdessamad Halmi Berrabah
• Pages: 251-261

VII. Conclusiones

Además del desarrollo legislativo de la LOG nº 065-13 promulgada por el

Dahir nº 1-15-33 de 19 de marzo de 2015, hemos dedicado especial interés a

la práctica del primer Gobierno post-constitucional, así como a la discusión

doctrinal que interpreta la Magna Carta. Esa doctrina solía tener presente el

proceso constitucional favorable a reforzar la institución del primer ministro

hasta equipararla a la de un jefe de Gobierno de una monarquía parlamen-

taria al uso en Europa. Ello puede relacionarse con la ola de movimientos

reformadores tras la primavera democrática y el despertar árabe y la fuerte

resistencia de estos sistemas totalitarios por su supervivencia.

Actualmente en Marruecos, el art. 47 CM que regula el nombramiento

del jefe de Gobierno, es ambiguo. En efecto, en su literalidad, este precepto

permite al jefe del Estado proponer como candidato a jefe de Gobierno a

cualquier persona del partido vencedor en las elecciones. Este artículo otor-

ga un amplio margen de maniobra al jefe del Estado para inmiscuirse en la

vida política y perjudicar al líder del partido vencedor. El Rey ha pasado de

defender los resultados de la elección democrática del 9 de marzo de 2011,

a ponerse en su contra solamente seis años después con la destitución del

secretario general del partido vencedor. Además, ha encargado la formación

del nuevo Gobierno a otra persona del mismo partido, el cual ha aceptado

cambios signicativos en la remodelación del Gobierno.

En el hipotético caso en que la Cámara de representantes no invistiera al

candidato propuesto por el Rey, este último podría en todo caso disolver el

Parlamento y anunciarlo mediante un discurso real dirigido a la nación (art.

96 CM). La opinión desfavorable del presidente del Tribunal Constitucio-

nal sobre la disolución no es decisiva. Ello se debe a dos motivos: primero,

porque la función del presidente de este tribunal no pasa de ser consultiva

en este caso; segundo, por la dependencia del Tribunal Constitucional de la